El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó de manera unánime la validación del procedimiento que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar que los candidatos a ministros, magistrados y jueces que ganen en los procesos electivos no hayan cometido delitos relacionados con género o que no sean prófugos de la justicia. En caso de detectar sentencias condenatorias o su status de prófugos, el TEPJF puede anular su triunfo.
Durante una sesión pública, los magistrados avalaron el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, que confirma el acuerdo del INE para realizar revisiones que aseguren que ningún candidato ganador haya sido condenado por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, violencia familiar, violencia familiar equiparada, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual, o por violencia política de género en cualquiera de sus modalidades.
El magistrado Fuentes Barrera expresó que no se puede otorgar una constancia de mayoría a quienes sean inelegibles, por lo que el INE debe verificar que quien obtenga la mayoría de votos tenga condiciones de elegibilidad. Aseguró que no es posible declarar válida una elección en la que el ganador quede inhabilitado para ejercer el cargo, ya que la legitimidad de la candidatura debe mantenerse.
Respecto a la obligación impuesta por el INE de que los candidatos presenten un certificado de no deudor alimentario y una declaración bajo protesta de decir verdad respecto a no haber sido condenados por violencia de género ni estar prófugos, Fuentes Barrera señaló que estas exigencias no representan una carga excesiva, sino una responsabilidad pública mínima.
El magistrado también defendió que el procedimiento aprobado no invade facultades del Senado ni de los Comités de Evaluación, ya que la Constitución establece que esas instituciones son responsables de hacer cómputos, publicar resultados, entregar constancias de mayoría y declarar la validez de las elecciones. Añadió que la colaboración entre instituciones busca garantizar que quienes resulten electos cumplan con los requisitos constitucionales de elegibilidad.
Por su parte, la magistrada Mónica Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, indicó que dicha revisión fortalece los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia al evitar que candidaturas vinculadas a ilícitos en materia de género accedan a cargos públicos, incluso si resultan ganadoras en las urnas.