La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúa investigando a autoridades municipales, estatales y notariales por su presunta implicación o encubrimiento en redes de despojo que operan bajo la apariencia de sindicatos y organizaciones sociales.
Desde el inicio del Operativo Restitución, en abril y mayo, se han asegurado 268 inmuebles en 31 municipios y detenido a 21 personas. El vicefiscal general de Justicia, Martín Marín Colín, afirmó que el despojo forma parte de un fenómeno delictivo de mayor escala.
“El despojo no es un acto aislado, sino que está vinculado con otros delitos como extorsión, amenazas, portación de armas, narcomenudeo e incluso desapariciones forzadas. Detrás de estas acciones existen estructuras que se benefician del control territorial”, explicó en una entrevista con El Sol de Toluca.
Se precisó que cuando estos delitos se cometen en formas reiteradas y organizadas, con distribución de roles, se puede aplicar la figura de delincuencia organizada, lo que permite fortalecer las investigaciones y solicitar prisión preventiva justificada.
Los grupos responsables suelen elegir inmuebles deshabitados o poco vigilados, ingresan, cambian cerraduras y presentan documentos falsificados o irregulares. En algunos casos, se presentan directamente ante los ocupantes con contratos apócrifos. Las víctimas, principalmente personas mayores o que viven solas, son intimidadas y obligadas a abandonar los predios.
En otros casos, se realiza una ocupación escalonada: primero con contratos simulados de mantenimiento o limpieza y, posteriormente, con el bloqueo de propietarios. Algunas propiedades han sido convertidas en bodegas clandestinas, puntos de venta de drogas o gaseras ilegales.
Según la FGJEM, los principales grupos investigados son “Los 300”, “UPREZ Autónoma”, “USON” y “22 de Octubre”, activos en Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco. Utilizan formatos sindicales para realizar bloqueos, protestas y tomas de predios de manera organizada.
El vicefiscal aclaró que no todos los sindicatos están implicados, pero sí aquellos que han desvirtuado su propósito social. “Muchos surgieron con una causa social, pero ahora tienen vínculos con extorsión, despojo y amenazas. Se autoproclaman defensores de derechos, pero en realidad delinquen y usan sus estructuras para generar miedo y control. Ya no defienden a nadie, solo toman lo que no les pertenece”, puntualizó.
Uno de los hallazgos del operativo es la posible colusión de funcionarios de diferentes niveles. Se investiga la participación de personal de catastros, desarrollo urbano, del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y notarios públicos. “Hay servidores públicos que firmaron documentos sin facultades o sin revisar las identidades, además de notarios que legalizaron operaciones sin verificar la autenticidad de los comparecientes. Estas omisiones facilitaron los despojos y forman parte de la red que estamos desmantelando”, agregó.
Se informó que ya se preparan procesos judiciales contra funcionarios y que las investigaciones contienen suficientes elementos para proceder con detenciones. En el Estado de México, se ha detectado una alta concentración de viviendas deshabitadas en municipios como Huehuetoca, Tecámac, Tultitlán y Zumpango, muchas relacionadas con créditos hipotecarios impagos por instituciones como Infonavit, Fovissste y bancos.
El rezago habitacional ha sido identificado como un factor que favorece el despojo, ya que grupos toman inmuebles en proceso de recuperación o abandono usando documentos falsos o simulando procesos legales. La Fiscalía trabaja en el cruce de información con instancias federales y en medidas de resguardo para evitar el uso ilícito de estas viviendas, que en algunos casos han sido convertidas en bodegas, puntos de almacenamiento de mercancía robada o espacios para actividades ilegales.
Entre los inmuebles asegurados, al menos 17 corresponden a personas de la tercera edad. En Ecatepec, una mujer de 83 años tenía su propiedad usada como gasera clandestina, mientras que en Naucalpan, se aseguró una vivienda habitada por una mujer de 102 años. La Fiscalía ha detectado que estos grupos priorizan atacar a adultos mayores, personas solas o familias vulnerables, por lo cual estos casos son prioridad operativa.
De enero a abril de 2025, se han iniciado 1,794 carpetas por despojo; en abril, se registraron 502, la mayor cantidad en un mes. El 20 por ciento de estos casos involucra estructuras organizadas que operan de manera sistemática. La fiscalía garantiza que las acciones también buscan enfrentar a quienes protegen estos delitos desde las instituciones y no solo los conflictos civiles o particulares.
Un caso emblemático ocurrió el 1 de abril en Chalco, donde una mujer identificada como Carlota N. fue detenida por homicidio tras un enfrentamiento con presuntos invasores. La víctima, de edad avanzada, sigue vinculada a proceso. Este suceso evidenció la vulnerabilidad de las víctimas y motivó la extensión del Operativo Restitución a más de 25 municipios, con la estrategia de continuar en zonas con alta incidencia y con órdenes de aprehensión en trámite contra responsables y servidores públicos implicados. Las propiedades aseguradas permanecen bajo custodio ministerial hasta definir su situación jurídica.