Nezahualcóyotl, Estado de México, 23 de octubre de 2025.- Habitantes de la Unidad Habitacional Rey Neza levantan una enérgica denuncia contra las autoridades locales, incluyendo al alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, por presuntas irregularidades que amenazan su seguridad y patrimonio.
La preocupación principal de la comunidad surgió tras detectar movimientos de maquinaria y materiales en el parque central del fraccionamiento desde el viernes 17 de octubre, un espacio que fue originalmente destinado para el deporte y esparcimiento. Al consultar, los residentes les informaron que en ese lugar se construirá un pozo de agua.
Los vecinos temen que la operación de este pozo provoque hundimientos y daños estructurales en los edificios cercanos por la sobreexplotación del manto freático. Además, denuncian que la circulación constante de pipas de agua las 24 horas, necesaria para el pozo, pondría en riesgo la infraestructura vial, ya que aseguran que el pavimento no está preparado para soportar tal flujo.
Asimismo, critican la ubicación del pozo en una zona de alto tránsito peatonal, calificándola de «absurda» y proponen su reubicación. La denuncia también apunta a otros posibles abusos de poder por parte del alcalde, como la demolición y apropiación de un espacio destinado a servicios para la construcción de una gasolinera que, según los residentes, sería de propiedad del propio edil.
Otra acusación grave es el cierre de la guardería local y otras áreas relacionadas con la salud en la comunidad, acciones que los habitantes consideran motivadas por intereses particulares.
Los residentes aseguran que «el negocio de la venta de agua en Nezahualcóyotl no debe victimizarlos» y que estas acciones buscan beneficiar intereses privados en perjuicio de la comunidad.
Por ello, exigen la intervención urgente de las autoridades competentes para detener las obras y exigir responsables, declarando que no permitirán la destrucción de sus espacios públicos ni la vulneración de su seguridad y patrimonio. La comunidad hace un llamado a las instituciones estatales y federales para que actúen de inmediato y garantizan que defenderán pacíficamente sus derechos a un entorno seguro y digno.
