TOLUCA, Estado de México, 4 de julio de 2025.- Después de realizar más de tres reuniones con personal del Ayuntamiento de Toluca, los habitantes organizados lograron una inspección oficial que confirmó que la construcción en un área residencial sobrepasaba lo permitido en la Licencia Municipal de Construcción. La licencia, otorgada por el arquitecto Eliud Gabriel Medina Peralta, solo autorizaba trabajos de movimiento de tierras, pero ya se habían abierto cepas para zapatas y se había introducido material de construcción, evidenciando un avance no autorizado.
La Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana colocó finalmente sellos de suspensión indefinida en respuesta a la petición de los vecinos de detener una obra sin permisos en zona habitacional.
En al menos dos sesiones de Cabildo, la octava regidora de Toluca, Shantall Zepeda, denunció que además de carecer de licencia para el cambio de uso de suelo, se demolió un camellón destinado al transporte de carga, violando el artículo 18.30 del Código Financiero del Estado de México.
A pesar de estas denuncias, el alcalde Ricardo Moreno negó acciones inmediatas y desconoce detalles del proyecto. Solo después de la presión ciudadana se generaron respuestas concretas.
En una intervención pública en el mercado La Toluqueña, Moreno admitió que no existe una Licencia de Cambio de Uso de Suelo vigente para la construcción y aclaró que ese trámite corresponde al Gobierno del Estado, además de señalar que el documento que respalda el proyecto —una Opinión Favorable de la administración anterior— no está disponible porque forma parte del expediente de entrega-recepción.
Al ser cuestionado sobre el propósito del terreno, Moreno desconocía qué se construía allí, generando aún más descontento entre los vecinos, quienes perciben falta de transparencia y contradicciones en el Ayuntamiento.
Durante las reuniones lideradas por la regidora y residente Shantall Zepeda, el arquitecto Gabriel Medina confirmó que la intención era edificar mini bodegas, lo que alarmó a la comunidad, ya que la zona está clasificada como de uso habitacional. Esta declaración contradice versiones iniciales y evidencia la falta de comunicación clara por parte del gobierno local.
Más de mil vecinos organizados exigen la clausura total e inmediata de esta obra sin permisos, pues su continuación podría vulnerar las normatividades y afectar la tranquilidad de la comunidad.
