La empresa Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exfuncionario cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una red ilegal que opera en México para la importación, comercialización y lavado de combustibles ilícitos, en colaboración con marinos y agentes aduanales.
Según la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF CDMX/0000568/2024, Vector es una de las 109 empresas involucradas en actividades de huachicol fiscal. La investigación la vincula con negocios sospechosos de compra, exportación y venta ilícita de hidrocarburos, además de indicar que la empresa habría lavado aproximadamente 220 millones de pesos recibidos a través de su relación con Grupo Potesta, S.A. de C.V., empresa señalada por la FGR como parte de la red delictiva.
El informe también detalla que Vector habría facilitado la transferencia de estos recursos hacia otras entidades o países, en un intento de ocultar el origen ilícito. La investigación destaca además que la empresa, en su relación con Grupo Base Energéticos, S.A. de C.V., generó ingresos anuales aproximados de 760 millones de pesos, a pesar de incumplir con obligaciones fiscales.
La vinculación más directa con actividades delictivas proviene de sus negocios con Grupo Potesta, vinculado al huachicol fiscal, y que según documentan las autoridades, fue utilizado para lavar dinero procedente de operaciones ilícitas.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) calificó a Vector como una entidad de "preocupación principal" por su presunta participación en lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, principalmente fentanilo. FinCEN señala que la empresa facilitó pagos superiores a un millón de dólares a empresas chinas suministradoras de precursores para la producción ilegal de opioides, además de procesar transferencias por aproximadamente dos millones de dólares relacionadas con miembros del Cártel de Sinaloa y sobornos a exfuncionarios mexicanos.
Desde entonces, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal Vector, CIBanco e Intercam, para salvaguardar los intereses de los inversionistas y clientes, en línea con las recomendaciones del FinCEN.
A través de un comunicado, Vector Casa de Bolsa afirmó que opera bajo estrictos estándares de cumplimiento normativo y auditorías internas desde hace más de 50 años, y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades en las investigaciones, negando cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Este caso resalta la complejidad y la magnitud de las redes que operan en el mercado energético ilícito en México, y pone en evidencia la relación entre instituciones financieras, crimen organizado y corrupción.
