El 28 de julio de 2024, los venezolanos acudieron masivamente a las urnas, expresando una voluntad de cambio que fue claramente respaldada por la mayoría. Eligieron como presidente a Edmundo González Urrutia, con el liderazgo de María Corina Machado. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no entregó el poder; en cambio, desconoció el resultado, desató represión y se consolidó como una fuerza de ocupación criminal. Desde ese momento, Venezuela dejó de ser un conflicto político clásico para convertirse en una ocupación de tipo mafioso, sustentada por redes de narcotráfico, inteligencia cubana y milicias paramilitares. Esta diferencia no es meramente semántica: señala una transición de crisis política a un problema de seguridad en todo el hemisferio. Actualmente, el Estado venezolano no es fallido; está capturado. El poder real lo ejerce el Cártel de los Soles, una estructura que controla territorios, trafica drogas, minerales y armas, y mantiene alianzas con grupos como las FARC, ELN, Hezbollah, Hamas, y cárteles mexicanos y brasileños. Venezuela se ha convertido en una plataforma logística para el crimen transnacional, facilitando tránsito de drogas, oro y migrantes hacia el Caribe, África y Europa. Maduro no gobierna un Estado, administra una red criminal con cobertura política, lo que ha cambiado la percepción internacional: de un conflicto ideológico a una amenaza concreta a la seguridad regional. En ese contexto, el movimiento militar en el Caribe no es una simple acción simbólica, sino la aplicación de la nueva doctrina estadounidense del Proyecto 2025, que redefine la seguridad hemisférica. Venezuela dejó de ser solo un problema humanitario o autoritario, para ser vista como una base de operaciones del crimen transnacional y el terrorismo. La respuesta ya no es solo diplomática, sino militar: el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha desplegado más de 10,000 efectivos, con destructores, bombarderos, cazas, drones, Fuerzas Especiales y capacidades de ataque, creando un cerco operacional sin precedentes. Se busca imponer una disuasión creíble contra la estructura narco-estatal que amenaza la estabilidad regional. El Caribe ahora representa el nuevo frente de defensa de Occidente. Venezuela no solo exporta drogas, oro y migrantes, también envía desestabilización, financia movimientos armados y corrompe instituciones latinoamericanas, convirtiéndose en un actor subversivo con conexiones con Moscú, Teherán y La Habana, y generando desplazamientos humanos hacia países vecinos y Estados Unidos. Desde esta perspectiva, el régimen de Maduro ya no es un problema interno, sino una amenaza multinacional que requiere una respuesta de múltiples niveles. La ilusión de fortaleza militar del régimen se diluye; la Fuerza Armada Nacional está en declive, con bases desmanteladas y unidades sin recursos. La economía ilegal, que sostiene al régimen, se ve afectada por sanciones y bloqueos. La política estadounidense apunta a aumentar los costos para la estructura criminal, promoviendo una fractura interna que desgaje sus apoyos. Mientras tanto, Venezuela cuenta con un liderazgo civil reconocido internacionalmente: María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, simboliza la legitimidad democrática y la esperanza de una transición basada en la voluntad del pueblo. La comunidad internacional respalda su figura y el gobierno electo, fortaleciendo la opción de hacer cumplir el mandato popular y acabar con la impunidad. El proceso no requiere nuevas negociaciones, sino mecanismos eficaces para garantizar la voluntad popular. El endurecimiento de la presión militar estadounidense acerca la posibilidad de una crisis que podría desmantelar la estructura mafiosa desde adentro. Por primera vez, los objetivos de Washington y los de los venezolanos coinciden: desmantelar el narcoestado es clave para la seguridad hemisférica y para la recuperación de la libertad en Venezuela. La crisis no es solo caos; es la causa misma del caos. El fin del chavismo sería el inicio de una reconstrucción del país, con potencial energético, humano y democrático. Venezuela ya agotó lo político: votó, ganó y fue traicionada. Lo que sigue sucede en el ámbito de la seguridad y la estrategia. La lucha ya no enfrenta solo a gobierno contra oposición, sino a una nación secuestrada por una estructura criminal. En el Caribe se libra sin declarar formalmente la guerra más importante del hemisferio, que decidirá si América recupera su orden o permite la consolidación impune de un narcoestado protegido por potencias externas. La historia presenta una convergencia única: legitimidad interna, liderazgo civil, apoyo internacional y fuerza militar en un mismo momento. Aprovechar esa coincidencia no es una opción, sino una obligación histórica.
