El caso de Antonio, un hombre encarcelado en febrero de 2022 en el módulo de prisión preventiva conocido como Penalito en Veracruz, evidencia las amenazas y la tortura a la que fue sometido en ese centro. Antonio relata que el director del Penalito, acompañado por la Licenciada Chabela, una tabla de madera utilizada para golpes, lo golpeó brutalmente, provocándole sangrado y fuertes dolores. Durante su reclusión, sufrió tortura psicológica constante, con amenazas de violación y violencia, dependiendo del estado de ánimo del director.
Antonio explica que los golpes en su contra se repetían cada 15 días, pero las amenazas diarias eran una forma de tortura psicológica que le generó mucho miedo. Asegura que el maltrato fue por encargo del director y que este comportamiento buscaba disfrutar de su miedo.
Datos oficiales muestran que en Veracruz se abrieron múltiples carpetas de investigación por tortura y tratos crueles e inhumanos, sumando un total de 3,331 expedientes en el país. Entre 2018 y 2024, en México se documentaron 23,711 casos en todo el territorio en el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), con 23,668 presuntos agresores, la mayoría vinculados a diferentes cuerpos de seguridad y fuerzas armadas.
Otro caso destacado es el de María, quien fue víctima de agresiones físicas y sexuales en su casa en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en agosto de 2023. Tras ser forzada, sufrió múltiples golpes y amenazas, incluyendo la introducción de un arma en sus partes íntimas, mientras presenciaba que uno de los agresores desenfundaba un cuchillo. Aunque la denuncia fue presentada ante la Fiscalía y en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, no se ha obtenido una resolución concluyente, y las dificultades para acceder a justicia persisten.
El Registro Nacional del Delito de Tortura también señala que las fuerzas policiales y militares en diferentes estados son responsables de estos delitos. En Zacatecas, la fiscalía investiga todos los casos, pero la diferencia entre tortura y tratos crueles sigue siendo ambigua, según el fiscal Óliver López Badillo. La tortura, definida por la Suprema Corte de Justicia, provoca secuelas a largo plazo, lo cual diferencia este delito de los tratos crueles.
El impacto del maltrato en Antonio es profundo: actualmente enfrenta dolores físicos severos, insomnio y ansiedad, derivados de una protrusión discal que sufrió por los golpes en el Penalito. Aunque fue liberado en junio de 2022, su situación emocional y física se mantiene vulnerable. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz reconoció que fue víctima de tortura y emitió una recomendación en su favor en 2025, exhortando a las autoridades a reabrir investigaciones y sancionar a los responsables.
Por otro lado, casos como el de María y Jaime Domínguez muestran obstáculos en la búsqueda de justicia, por problemas en las investigaciones y por dificultades para acceder a reparación del daño. La impunidad en estos casos evidencia la falta de políticas concretas y recursos adecuados, a pesar de campañas como "México sin tortura" y programas nacionales, que carecen de presupuesto efectivo.
Las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó en 2024 que en su gobierno no hubo torturas ni desapariciones, contrastan con los datos y testimonios que evidencian una realidad marcada por la violencia institucional y la impunidad.