El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmó ante una audiencia internacional en Madrid que el 96% de la población salvadoreña respalda la extensión del estado de excepción en el país, según una encuesta citada por el propio funcionario. La declaración fue realizada durante una conferencia organizada por la World Law Foundation el martes pasado, donde Ulloa defendió la medida y aseguró que no ha afectado las libertades públicas.
El régimen de excepción, instaurado a solicitud del presidente Nayib Bukele y aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, inicialmente por 30 días y posteriormente prorrogado mensualmente, ha llevado a la detención de más de 91,000 personas, de acuerdo con cifras del gobierno. El vicepresidente planteó la interrogante sobre cuándo se levantaría, señalando que la continuidad responde a la voluntad popular, no a presiones internacionales, y cuestionando si organismos como la ONU o Amnistía Internacional deberían decidirlo.
Durante su intervención, Ulloa admitió errores en la ejecución de las acciones bajo el estado de excepción, destacando que algunas personas inocentes fueron detenidas pero luego liberadas, con unas 8,000 liberaciones hasta la fecha tras verificar su inocencia. Además, aseguró que todas las acciones emprendidas están respaldadas por la ley y disposiciones legales.
El oficialismo sostiene que estas medidas han logrado reducir la violencia y mantener la seguridad, aunque organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado la situación. La CIDH ha documentado aproximadamente 7,000 denuncias por violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y la muerte de más de 400 personas en custodia. Ulloa desestimó estas denuncias, acusando que muchas son basadas en reportes no verificables y en intentos de obtener financiamiento.
Asimismo, el vicepresidente apoyó las políticas migratorias de Estados Unidos, defendiendo la soberanía de El Salvador para legislar en esta materia y rechazando informes que denuncian malos tratos a migrantes deportados desde ese país hacia el territorio salvadoreño. La discusión sobre la permanencia del estado de excepción continúa tanto en la opinión pública nacional como en la comunidad internacional, sin que exista una decisión definitiva sobre su término.
