En menos de una semana, dos menores de edad han sido víctimas de la violencia en el Estado de México, evidenciando los riesgos que enfrentan las infancias en la región. Fernando, de cinco años, presuntamente fue asesinado por una deuda, y Dulce, de 12 años, fue atacada en un contexto que podría estar ligado a la participación de grupos delictivos. Aunque los hechos ocurrieron en municipios diferentes y en circunstancias distintas, ambos casos comparten que los ataques se dirigieron contra menores en conflictos directos con adultos.
Actualmente, en ambas investigaciones se realizan diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses de 2025, el Estado de México reportó 33 víctimas de feminicidio, de las cuales cinco eran menores, además de una víctima menor de edad por homicidio doloso.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señala que tres de cada 10 homicidios dolosos en la entidad en 2024 fueron contra personas de 0 a 17 años, sumando aproximadamente 155 casos en todo el país.
El coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, explicó que el 97% de los delitos contra niñas, niños y adolescentes quedan en la impunidad, y que solo tres de cada 100 investigaciones terminan en sentencia condenatoria, mayormente en casos con amplia difusión mediática como los de Fernando y Dulce.
Pérez García agregó que los homicidios de menores comenzaron a aumentarse hace unos 15 años, cuando grupos delictivos rompieron sus propios códigos y empezaron a atacar niños como forma de venganza o para cobrar deudas, en un contexto caracterizado por la impunidad.
Sobre el caso de Fernando, aclaró que no se trató de un acto vinculado a delincuencia organizada, sino de un conflicto de orden común, en el que ya hay personas detenidas. Sin embargo, resaltó la importancia de seguir el proceso judicial para lograr una sentencia firme.
Respecto a Dulce, el activista indicó que las características del ataque sugieren posible participación de bandas delictivas, por lo que hizo un llamado a que las investigaciones se realicen con base en evidencias y sin mensajes que puedan favorecer a los agresores, generando miedo y una narrativa alarmante.
Pérez García recordó que existe un marco legal que establece la necesidad de coordinación entre autoridades para prevenir y atender la violencia contra menores, pero que no ha sido aplicado en su totalidad. Destacó que la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (CRENNA) no ha sesionado en años, a pesar de que debe hacerlo cada seis meses.
Es urgente, sostuvo, que la presidenta reactive el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que incluye a los 32 gobernadores y distintas secretarías y poderes, y que define las políticas públicas en esta materia.
Por su parte, el activista Juan Martín Pérez García resaltó que los homicidios de menores en el Estado de México no son hechos aislados, sino parte de un patrón que combina violencia persistente, alta impunidad y poca respuesta institucional a largo plazo. La mayoría de las investigaciones no terminan en sentencia, dejando a la infancia vulnerable en un entorno de riesgo constante, tanto en la entidad como en todo el país.
Finalmente, Pérez García subrayó que la violencia contra la infancia proviene no solo del delito organizado o del crimen común, sino también del entorno familiar y social, como la violencia en el hogar y el acoso escolar, lo que requiere un análisis integral y multifactorial para abordar efectivamente esta grave problemática.
