La búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de México, más allá de la incertidumbre, está marcada por violencia, amenazas y falta de protección para quienes encabezan estas tareas. Las madres que lideran los esfuerzos de localización enfrentan agresiones y hostigamiento, además de una atención institucional limitada y una alarmante omisión de las autoridades.
En el Valle de Toluca, integrantes del colectivo Flores en el Corazón han documentado recientes agresiones contra mujeres que participan en jornadas de búsqueda. Elizabeth Machuca, representante del colectivo, explicó que dos madres han sido amenazadas en los últimos días, pese a haber denunciado las amenazas y a la falta de respuesta efectiva, incluyendo la demora en la activación del botón de pánico y la ineficacia en la protección.
Pese a esfuerzos mínimos de acompañamiento institucional, las colectivas enfrentan hostilidad tanto de ciudadanos que no entienden la importancia de su labor, como de las mismas autoridades. Han sido víctimas de comentarios ofensivos, retiradas de fichas de búsqueda y desprecio en espacios públicos, mercados y residencias, lo que incrementa la sensación de inseguridad y vulnerabilidad.
Las buscadoras también reportan un impacto psicológico profundo. Según el informe 'Desaparecer en México. Otra vez' de Amnistía Internacional, muchas mujeres muestran síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Aunque reciben apoyo psicológico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, las acciones de acompañamiento no siempre son suficientes para mitigar el desgaste emocional.
Las madres buscadoras consideran que, además del riesgo físico y emocional, enfrentan una sistemática omisión por parte de las fiscalías, que no solicitan oportunamente evidencias como grabaciones de cámaras, llamadas o datos de geolocalización, lo que dificulta o imposibilita la investigación en etapas cruciales.
Organizaciones y familiares han documentado casos en los que denuncias son archivadas sin una investigación efectiva, incluso cuando existe evidencia suficiente. Las diligencias, además, implican gastos económicos constantes, que en promedio oscilan entre 6 y 7 mil pesos por cada jornada, sin que muchas instituciones cubran totalmente estos gastos.
El desgaste también afecta las relaciones familiares y la organización social del colectivo. La falta de resultados concretos ha provocado distanciamiento y agotamiento. La pandemia y la limitación del acceso a tecnología y redes sociales complican aún más la búsqueda.
Entre enero y abril de 2025, en México se reportaron 5,147 desapariciones, un aumento del 26% respecto al año anterior. El Estado de México ocupa el primer lugar con 801 casos. Aunque muchas desapariciones terminan en hallazgos sin vida, las familias denuncian que no siempre se investigan los homicidios ni se realiza una búsqueda efectiva de responsables.
El informe de Amnistía Internacional advierte sobre la deficiente coordinación entre fiscalías, bases de datos desactualizadas y expedientes sin cruzar, lo que impide dar respuestas adecuadas y prevenir futuras desapariciones. La búsqueda, sostienen las madres, no solo debe centrarse en encontrar a sus seres queridos, sino también en esclarecer los hechos, evitar que otras madres sufran el mismo dolor y que los responsables puedan ser llevados ante la justicia.
