En junio de 2025, el Congreso del Estado de México aprobó la tipificación de la violencia vicaria como delito en el Código Penal, estableciendo penas de hasta 10 años de prisión y la pérdida de la patria potestad. Sin embargo, colectivos como 'Mamá Está Contigo' denuncian que, hasta la fecha, esa medida aún no se ha implementado en las agencias del Ministerio Público.
Liz Portillo, integrante del colectivo y víctima, señaló que no han logrado que se abra una sola carpeta de investigación por ese delito. Las fiscalías continúan levantando denuncias solo por hechos, sin permitir que las víctimas levanten cargos específicos por violencia vicaria, a pesar de que la ley ya contempla esa figura.
‘La autoridad estatal solo documenta los hechos, no hay avances en la persecución del delito. No hay castigo para los agresores’, afirmó Portillo. Además, relató que tras varias reuniones con una jueza federal, descubrieron que muchas víctimas son canalizadas a la vía federal, bajo el argumento de que la ruta estatal no está habilitada. Esto mantiene a las madres en total indefensión, sin acceso efectivo a justicia ni a medidas de protección.
Datos del Congreso local indican que en 2023 se registraron al menos 300 denuncias relacionadas con violencia vicaria en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; sin embargo, colectivos estiman que hay cerca de mil casos activos sin atención. ‘Mamá Está Contigo’ acompaña actualmente 78 casos y otros 10 vinculados con violencia intrafamiliar.
Portillo advirtió que, además de la falta de acción institucional, los agresores recurren a la fabricación de carpetas falsas para retrasar procesos de recuperación de la custodia infantil. ‘En un caso, una madre fue acusada falsamente de violar a su propio hijo, cuando no es cierto. Los agresores fabrican pruebas para retrasar el proceso en fiscalías y juzgados’, denunció.
Esto agrava la situación de las madres, quienes enfrentan procesos penales falsos mientras luchan por recuperar a sus hijos. Algunas llevan hasta siete años sin contacto con ellos, pese a resoluciones pendientes en el ámbito civil.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Liz Portillo, quien lleva cuatro años sin ver a su hijo tras la sustracción por parte del padre, después de revelarse un presunto abuso por parte de la abuela paterna. A pesar de contar con dictámenes psicológicos, testimonios y denuncias en ambos ámbitos, su caso aún no ha sido judicializado.
‘Mi hijo declaró un día y desde entonces llevo cuatro años intentando que el proceso avance. En el civil, ya tenemos todas las pruebas; solo falta que se dicte sentencia, espero que sea este año’, relató.
El DIF municipal ha intentado realizar visitas al domicilio del menor, pero los familiares del padre se lo han negado. La madre aclara que solo ha sabido del paradero del niño por terceras personas y que las autoridades no han actuado para garantizar su derecho a la convivencia.
Portillo destacó que, en ocasiones, el colectivo ha logrado recuperar a 33 menores –en su mayoría hijos de madres adolescentes–, actuando con mayor rapidez que las propias instituciones, pero recalcó que eso no debe ser responsabilidad de las víctimas o de movimientos ciudadanos.
‘Nosotras actuamos más rápido que la fiscalía, pero no puede ser que las familias tengan que quitar a sus hijos por la vía de hechos ilegales sin que pase nada’, afirmó.
‘Mamá Está Contigo’ prepara movilizaciones para exigir la aplicación inmediata del nuevo delito, la integración efectiva de carpetas, la capacitación del personal judicial y ministerial, además del cumplimiento de sentencias civiles ya dictadas. También demandan sanciones por denuncias fabricadas.
‘Estamos en manos de autoridades que no actúan en defensa de los menores ni de las mujeres que vivimos esto día con día. Nuestra lucha es constante y no descansaremos hasta que cada madre recupere a sus hijos’, concluyó.
